Desde los años 80 se han establecido leyes para contrarrestar y enfrentar el fenómeno del narcotráfico en Colombia. Sin embargo, es fundamental cuestionar si las estrategias de control y prevención, llevadas a cabo por los entes estatales, han tenido impacto en la disminución del uso de pasantes de drogas.
Al respecto, Juan Carlos Restrepo, exdirector de la liquidada Dirección Nacional de Estupefacientes, indica que: “Parte del fracaso de la política penitenciaria tiene que ver con la política de la lucha contra el narcotráfico, porque no había necesariamente una política que abordara todas las distintas variedades, vertientes y demás del problema del narcotráfico, sino que sencillamente consistía en perseguir y meter a todo el mundo a la cárcel”. Eso explica porque “las cárceles hoy en día están llenas de gente, están hacinadas, donde se violan los derechos humanos, donde la gente vive como basura humana”.
Además, Restrepo hace una comparación entre la lucha contra las drogas y la lucha contra la pobreza, argumentando que, más que acabar con alguna de ellas, lo que se genera es una lucha de contención, “una carrera de ver quién aguanta más”, y como el Estado, según él, es quien tiene más recursos, entonces es el que gana, y lo que sucede es que el negocio va mudando de manos, pero nunca termina, así se den golpes a las estructuras mafiosas.
El Ministerio de Justicia destaca algunas acciones como la capacitación antidrogas al personal de la Escuela Regional de la Comunidad Americana de Inteligencia Antidrogas (ERCAIAD) de la Policía Nacional, encargado de enfrentar el tráfico de estupefacientes; y las campañas de sensibilización y prevención por parte de la Dirección de Antinarcóticos (DIRAN) de la Policía Nacional.
En respuesta a un derecho de petición, la DIRAN explica que las alternativas de prevención y disuasión como los controles en la carga y en los pasajeros, por medio de funcionarios policiales y equipos tecnológicos, o el apoyo a programas de disuasión y prevención como Alerta Aeropuerto, “han sido efectivas por sus contenidos educativos y representativos de las consecuencias legales y familiares”. Aún así, la institución admite que el fenómeno sigue vigente y las organizaciones ilegales continúan utilizando personas como pasantes de drogas, aprovechando las condiciones sociales del país, como la pobreza, el desplazamiento y la falta de oportunidades laborales.
Según información de la Oficina de Comunicaciones Estratégicas de la DIRAN, la institución ha implementado campañas de prevención, entre 2011 y 2020, en los aeropuertos de los municipios de Palmira, Bucaramanga, Pereira, Cartagena y Rionegro.
De esa información hay algo que llama la atención: no hay registro de campañas realizadas en los aeropuertos del departamento de Cundinamarca; región donde más capturas se han presentado entre los años 2011 y 2020: 2.668 casos, según el Centro Internacional de Estudios Estratégicos Contra el Narcotráfico (CIENA) de la Policía Nacional.
Ese número de capturas se explica porque en ese departamento se encuentra el Aeropuerto Internacional El Dorado, el más importante de Colombia. El CIENA indica, además, que es el cuarto terminal aéreo más crítico en Latinoamérica, en cuanto a capturas de pasantes de drogas, entre otras causas, porque su ubicación permite la conexión de Sudamérica con el resto del mundo.
En cuanto a acciones puntuales para enfrentar el fenómeno en ese aeropuerto, el jefe del Área de Control Aeroportuario (CENSO) de la Subdirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional, en respuesta a un cuestionario, señala que una de ellas es el perfilamiento de los pasajeros a través del análisis de sus actitudes. Si se detecta a algún sospechoso se le interroga sobre el motivo del viaje, datos sobre la estadía, profesión, así como el costo, medio de pago y forma de adquisición del tiquete.
No obstante, Corina Giacomello, docente e investigadora en temas de sistema penitenciario en América Latina en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas, considera que en el perfilamiento se presentan casos de discriminación, dado que el Estado tiene sesgos de clase y de género y, por tanto, quienes están en la cárcel son los que pasan a ser el rostro de la criminalidad.
Ejemplifica indicando que es mucho más fácil que se capture una mula que lleva cocaína de Colombia a México, “para así poner el estereotipo más banal, el clásico, que además es muy estigmatizante”, o capturar a una mujer que cruza cocaína con cierta coerción por parte de la pareja, que a alguien que llega con un pasaporte diplomático.
Para afrontar el fenómeno la experta propone “ampliar el abanico de medidas alternativas, porque entre más gente haya en las cárceles, hacinadas y en pésimas condiciones, más se van a incrementar sus problemas”. También plantea una serie de acciones en torno a las políticas de drogas en Colombia: aplicar medidas alternativas como reducir la prisión preventiva y el hacinamiento en las penitenciarías, repensar la forma en la que se castigan las conductas relacionadas con delitos de drogas y la regulación legal de los mercados.
Por último, sugiere que mientras eso ocurre se debe contribuir a eliminar el estigma; atender la violencia contra niñas, niños, adolescentes y mujeres; reducir la persecución de menores de edad responsables de delitos no violentos; realizar una despenalización progresiva y proporcionar políticas de corte social.
Definir si los pasantes de drogas son víctimas de una organización ilegal que se vale de las vulnerabilidades sociales y económicas, o son victimarios por convertirse en parte de una cadena ilegal, es un asunto que genera controversia entre algunos expertos y funcionarios públicos.
“Si hablamos de víctimas o victimarios hay una línea muy delgada. No podemos hacer una distinción tan tajante y tan dicotómica porque de ahí depende el juicio que vayamos hacer de una persona”, señala Giacomello, quien explica que es imprescindible observar las historias detrás de cada rostro; en ellas se manifiesta precariedad y violencia. En particular, en las vidas de las mujeres latinoamericanas, la discriminación de género está presente y suele ser cíclica, empezando desde la infancia y reproduciéndose en relaciones de pareja y relaciones criminales.
Asimismo, la experta analiza que las mujeres consideradas traficantes, en realidad son mujeres traficadas convertidas en contenedores y así, de alguna manera, víctimas de trata de personas, donde su cuerpo no es utilizado para fines de explotación sexual, pero sí para fines de explotación laboral.
Orlando Tobón, que en la década del 80 tenía una agencia de viajes en Nueva York y trabajaba voluntariamente ayudando a familias de pasantes colombianos fallecidos o presos en Estados Unidos, no tiene duda que “una persona que sea capaz de meterse condones (con droga) en el estómago o en la vagina, y así exponer su vida, es víctima 100%” de los grupos criminales”.
En la época de mayor auge en Colombia de pasantes de drogas, años 80 y 90, la manera más recurrente en que los grupos de narcotráfico victimizaban a los pasantes de drogas era incriminándolas. Felipe Arias, historiador especialista en divulgación de historia y cultura de la patria, expresa que desde las organizaciones delincuenciales se delataban a los pasantes para ponerlos en el foco de los controles policiales y así poder transportar mayores cantidades de droga por medio de otro u otros pasantes.
Lo anterior lo confirma María Edna Castro, especialista en derecho penal con 30 años de experiencia, al explicar que los pasantes de drogas siempre eran denunciados, razón por la que los grupos “ni los ponían a transportar grandes cantidades, ni les pagaban grandes sumas de dinero, pero sí les mostraban que era una forma de tener plata fácil sin correr demasiados riesgos”.
Dentro de lo encontrado en la revisión de 65 artículos de prensa publicados entre enero de 1990 y abril de 2020, en la revista Semana, El Espectador y El Tiempo, sobre personas que habían aceptado ser correos humanos, se presentaron casos en los que el grupo criminal robó los pasaportes y tiquetes de regreso a los pasantes, o fueron utilizados como “gancho ciego” (un narcotraficante preso delata ante las autoridades a correos humanos, u otros involucrados, para así lograr un indulto a su favor). Las amenazas a la vida de estas personas o a la de sus familiares es una constante en las historias que revelan los medios analizados.
La teniente coronel Liz Wendy Cuadros Veloza, jefe del CIENA, asegura que los correos humanos se autoreconocen como víctimas del sistema, aún cuando saben que es un delito. Por otro lado, asevera que no se trata de “echar la culpa a quien la transporta o a la falta de política de Estado, sino simplemente es el resultado de muchos años de un delito que se ha venido arraigando en el tejido social colombiano”.
Aunque la teniente manifiesta que en el CIENA nunca han tenido un reporte por parte de los pasantes prisioneros sobre la vulneración de sus derechos, “en los procedimientos policiales o en el tema penitenciario”, Giacomello no titubea al decir que sí existe vulneración por parte del sistema penitenciario en América Latina, debido a que en las cárceles, con excepción de algunas, hay hacinamiento, carencia de servicios básicos y, en consecuencia, criminalidad.
El codirector de InSight Crime, Jeremy McDermott, afirma que los pasantes pueden ser tanto víctimas como victimarios, pues algunos lo hacen por falta de recursos o presión criminal, y otros “saben en lo que se están metiendo”.
Daniel Rico, investigador colombiano en temas de economías criminales, prefiere no enmarcar a los correos humanos y expresa que “las personas que caen en el tráfico humano de drogas son de más vulnerabilidad y se explotan sus necesidades económicas. No obstante, saben que están en una actividad ilícita” y, por tanto, “no se omite la responsabilidad penal”.
La pluralidad de posturas de funcionarios de la Policía Nacional y expertos es proporcional a la diversidad de las historias de los correos humanos, muchas ligadas a la histórica desigualdad social, económica y laboral de Colombia.
Además, el encarcelamiento de pasantes de drogas no es un ataque directo a las mafias, como lo explican expertos en el tema para este especial. A lo que se suma el hacinamiento en las penitenciarías lo que no permite una verdadera resocialización, sino que se convierte en un foco de criminalidad y una vulneración a la vida digna.
Marcos (a quien se le cambió el nombre por motivos de seguridad), un español de 49 años capturado en al año 2011 en el Aeropuerto Internacional El Dorado con casi 2 kilos de cocaína entre su estómago e impregnado en su ropa, relata que la experiencia vivida en la cárcel La Picota fue impactante e infrahumana. Dice nunca haber visto tantas “ratas, indigentes y chinches”. Lo robaron, lo golpearon y le rompieron una costilla. En más de una ocasión intentó quitarse la vida cortándose las venas, tragándose cuchillas y ahorcándose.
59 meses estuvo en prisión hasta que le concedieron libertad condicional. “Yo salí convencido, pero al segundo día volví a recaer a la bazuca porque no tenía a donde ir ni qué hacer, ¡no tenía a nadie! Quería irme. Fui a la embajada, nada. Fui a tal sitio, nada. Pedía ayuda, nada. Tuve que levantarme de la nada y empezar”.
Las historias de los pasantes de drogas seguirán produciéndose, porque no hay políticas claras que contribuyan a eliminar esa cadena de ilegalidad que la cárcel no resuelve, como lo evidencia la historia de Colombia. Pero, además, porque el país no logra dar garantías sociales para que mujeres y hombres encuentren caminos que les permita sobrevivir. Y, claro, sobrevivir en una de las economías más desiguales del mundo trae el riesgo, siempre, de que muchos por necesidad caigan en las propuestas de esas mafias que se cosechan y crecen prosperamente en estas tierras que abona la pobreza y la indiferencia estatal.
La Unidad de Investigación Periodística del Politécnico Grancolombiano solicitó, para efectos de esta investigación, entrevistas a la Fiscalía General de la Nación, al Observatorio de Drogas de Colombia y al Ministerio de Relaciones Exteriores. Ninguna de las solicitudes fueron atendidas.
Diciembre 2020, © Todos los derechos reservados
